martes, 1 de marzo de 2016

Corrupción universitaria y por casa ¿como andamos?

Corrupción universitaria

La falta de transparencia en la relación entre el Estado y las universidades nacionales ha permitido gravísimos abusos en los últimos años


Entre las muchas irregularidades que caracterizaron a la gestión kirchnerista, es necesario investigar debidamente las vinculadas con la presuntos hechos de corrupción en la administración de fondos públicos derivados a universidades nacionales.

Todo comenzó con el dictado del decreto de necesidad y urgencia 204/2004, por el cual el entonces presidente Néstor Kirchner reformó el Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional con la finalidad de permitir la contratación directa con las universidades nacionales. Sostuvo que las casas de estudio son entes de reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas, lo cual hace de ellas un calificado recurso no sólo para abordar las tareas de asesoramiento que requieren las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, sino también para las distintas contrataciones que realiza el Estado.
El argumento sonaba convincente, en aquel momento. El problema no radicaba en la razonabilidad de la justificación, sino en las modalidades que se utilizaron para alterarlo. La discusión fue y es sobre las finalidades impropias con las cuales se empleó el mecanismo de contratación directa.
Las universidades nacionales funcionaron, en muchísimos casos, para canalizar recursos sin ningún control. El presupuesto destinado a las universidades durante 2015 fue de 47.000 millones de pesos, equivalentes al 1% del producto bruto interno. El rendimiento de semejante inversión ha dejado mucho que desear. Según las cifras de 2015, la relación entre estudiantes y egresados es alarmante; en ellas logra graduarse sólo el 30% de los ingresantes.
La situación de descontrol de los últimos años trepó a niveles inusitados. A mediados del año pasado, el titular de la Fiscalía Federal N° 5 de la Capital Federal, Leonel Gómez Barbella, impulsó la investigación sobre funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El foco de la denuncia fue el destino dado a unos 140 millones de pesos provenientes de los contratos de asistencia y capacitación que brinda la facultad al subcontratar a los prestadores a través de diferentes personas vinculadas a las unidades de coordinación creadas para cada convenio en particular.
En septiembre último, otro fiscal imputó, entre otros, a Luis Giusti -ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA, por sospechar que ellos habrían utilizado sus cargos para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas hacia proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados.

Si bien son denuncias en curso de investigación, los hechos analizados por la Justicia responden al patrón de la discrecionalidad en las adjudicaciones. El mecanismo habría consistido en la triangulación de compras por intermedio de las universidades para evitar controles presupuestarios y legales.
Son muchas las denuncias sobre sospechosas triangulaciones que han unido al Ministerio de Planificación, que estaba a cargo de Julio De Vido, con universidades nacionales como las de La Matanza y de San Martín, con el fin de realizar distintos trabajos para los cuales las casas de estudios terminaban subcontratando empresas amigas de funcionarios gubernamentales por cifras millonarias.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, impulsó que el presidente Macri dictara el decreto 336/2016, por el cual se dejan sin efecto, a partir del 1° de abril, los convenios celebrados entre la administración pública nacional y las universidades nacionales cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el día de hoy y se crea un registro de convenios del Estado nacional con las universidades y otras entidades educativas, que es de esperar que permita un fácil acceso a la información.
En el último informe elaborado por Transparencia Internacional, la Argentina ocupó la poco honorable posición 107 sobre 167 países. No puede sorprender que las naciones mejor ubicadas en ese informe cuenten con sistemas universitarios de mayor prestigio que el nuestro. Educación, salud y justicia son bienes públicos que fundamentalmente dependen de una honesta administración.
Recientemente, Gabriela González, investigadora formada en la Universidad de Córdoba y actualmente profesora en la Universidad del Estado de Luisiana, sorprendió al mundo al anunciar el resultado del proyecto LIGO, que detectó las ondas gravitacionales. La noticia contrasta con las malas prácticas en el manejo de fondos públicos en nuestras casas de altos estudios.
Su participación habla del gran potencial de nuestros universitarios. Resta administrar las universidades nacionales siguiendo los objetivos públicos a los que están destinadas, en forma sensata y decente.



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