miércoles, 16 de noviembre de 2016

DICE EL RECTOR DE LA UNVM QUE "TODO ESTÁ EN ORDEN" (ahora)



Probablemente tenga razón y todos los requerimientos de un fiscal federal y la Auditoria General de la Nación sean parte de una conspiración dirigida contra los inmensos logros de la universidad local en el ámbito académico,científico,artístico y deportivo,etc.
Las legiones de cineastas , músicos,sociólogos,filósofos y veterinarios que han derramado en el orden nacional e internacional son fruto de sus preclaros docentes (intelectuales,sabios, eruditos,personalidades de vasta trayectoria como el abogado Negretti -según su apellido lo indica -)
Son víctimas, al igual que el ex-candidato a gobernador Eduardo Luis Accastello y el actual intendente Martín Gill, cantor de la parroquia.
Pero a quedarse tranquilos que,desde que se les acabó el chorro de guita,y castigaron a la auditora que se cansó de denunciarlos durante más de un lustro,todo está en orden.
Decía ayer que, sólo las denuncias de corrupción y absolutamente nada más, dieron visibilidad provincial y nacional a estos mártires del conocimiento.
Salvo la inteligencia,el talento y el carisma,  mal que bien,todo se puede negociar pero, esas son cuestiones de otro orden.

martes, 1 de marzo de 2016

Corrupción universitaria y por casa ¿como andamos?

Corrupción universitaria

La falta de transparencia en la relación entre el Estado y las universidades nacionales ha permitido gravísimos abusos en los últimos años


Entre las muchas irregularidades que caracterizaron a la gestión kirchnerista, es necesario investigar debidamente las vinculadas con la presuntos hechos de corrupción en la administración de fondos públicos derivados a universidades nacionales.

Todo comenzó con el dictado del decreto de necesidad y urgencia 204/2004, por el cual el entonces presidente Néstor Kirchner reformó el Reglamento de Contrataciones de la Administración Nacional con la finalidad de permitir la contratación directa con las universidades nacionales. Sostuvo que las casas de estudio son entes de reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas, lo cual hace de ellas un calificado recurso no sólo para abordar las tareas de asesoramiento que requieren las jurisdicciones y entidades de la administración nacional, sino también para las distintas contrataciones que realiza el Estado.
El argumento sonaba convincente, en aquel momento. El problema no radicaba en la razonabilidad de la justificación, sino en las modalidades que se utilizaron para alterarlo. La discusión fue y es sobre las finalidades impropias con las cuales se empleó el mecanismo de contratación directa.
Las universidades nacionales funcionaron, en muchísimos casos, para canalizar recursos sin ningún control. El presupuesto destinado a las universidades durante 2015 fue de 47.000 millones de pesos, equivalentes al 1% del producto bruto interno. El rendimiento de semejante inversión ha dejado mucho que desear. Según las cifras de 2015, la relación entre estudiantes y egresados es alarmante; en ellas logra graduarse sólo el 30% de los ingresantes.
La situación de descontrol de los últimos años trepó a niveles inusitados. A mediados del año pasado, el titular de la Fiscalía Federal N° 5 de la Capital Federal, Leonel Gómez Barbella, impulsó la investigación sobre funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El foco de la denuncia fue el destino dado a unos 140 millones de pesos provenientes de los contratos de asistencia y capacitación que brinda la facultad al subcontratar a los prestadores a través de diferentes personas vinculadas a las unidades de coordinación creadas para cada convenio en particular.
En septiembre último, otro fiscal imputó, entre otros, a Luis Giusti -ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y Administración de la UBA, por sospechar que ellos habrían utilizado sus cargos para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas hacia proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente vinculados.

Si bien son denuncias en curso de investigación, los hechos analizados por la Justicia responden al patrón de la discrecionalidad en las adjudicaciones. El mecanismo habría consistido en la triangulación de compras por intermedio de las universidades para evitar controles presupuestarios y legales.
Son muchas las denuncias sobre sospechosas triangulaciones que han unido al Ministerio de Planificación, que estaba a cargo de Julio De Vido, con universidades nacionales como las de La Matanza y de San Martín, con el fin de realizar distintos trabajos para los cuales las casas de estudios terminaban subcontratando empresas amigas de funcionarios gubernamentales por cifras millonarias.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, impulsó que el presidente Macri dictara el decreto 336/2016, por el cual se dejan sin efecto, a partir del 1° de abril, los convenios celebrados entre la administración pública nacional y las universidades nacionales cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada hasta el día de hoy y se crea un registro de convenios del Estado nacional con las universidades y otras entidades educativas, que es de esperar que permita un fácil acceso a la información.
En el último informe elaborado por Transparencia Internacional, la Argentina ocupó la poco honorable posición 107 sobre 167 países. No puede sorprender que las naciones mejor ubicadas en ese informe cuenten con sistemas universitarios de mayor prestigio que el nuestro. Educación, salud y justicia son bienes públicos que fundamentalmente dependen de una honesta administración.
Recientemente, Gabriela González, investigadora formada en la Universidad de Córdoba y actualmente profesora en la Universidad del Estado de Luisiana, sorprendió al mundo al anunciar el resultado del proyecto LIGO, que detectó las ondas gravitacionales. La noticia contrasta con las malas prácticas en el manejo de fondos públicos en nuestras casas de altos estudios.
Su participación habla del gran potencial de nuestros universitarios. Resta administrar las universidades nacionales siguiendo los objetivos públicos a los que están destinadas, en forma sensata y decente.



domingo, 28 de febrero de 2016

el ex intendente y la caja negra



Por fin, Eduardo  Luis Accastello (ex-intendente y nada más) de Villa María, ha logrado aparecer un par de veces por semana, en los medios provinciales.


hoy.la voz del interior.página 15. sección A.

viernes, 26 de febrero de 2016

OTRA CAJA DE EDUARDO LUIS




LE ENCONTRARON OTRA CAJA DE USURA A EDUARDO LUIS ACCASTELLO EX INTENDENTE DE VILLA MARÍA (Y NADA MÁS )Y A SU PAREJA VERÓNICA FÁTIMA



Conferir edición de hoy La Voz del Interior ,sección A ( contratapa)

domingo, 21 de febrero de 2016

LLAMÁ A VERÓNICA



Parece que, hay que llamar a Verónica, por cualquier cuestión patrimonial de Eduardo Luis Accastello ex intendente (y nada más)  de Villa María.


Conferir edición de hoy La Voz del Interior ,sección A (tapa y contratapa)

domingo, 14 de febrero de 2016

OTRO MISTERIO DE ACCASTELLO


El misterio de 

una caja con 

U$S 290 mil


Aún no se aclaró el origen del dinero depositado en un cofre de CBI. Fernando Boldú era titular y Eduardo Accastello, autorizado.



Por Francisco Panero

Una caja de seguridad en cuyo interior fueron hallados 290 mil dólares es uno de los “saldos” que la megacausa Cordubensis (CBI) tiene reservados entre sus capítulos más resonantes.

Tras la intervención del cofre por parte del fiscal federal Enrique Senestrari, se determinó que el depósito era compartido por el exintendente de Laguna Larga Fernando Boldú y el reciente candidato a gobernador (Córdoba Podemos) Eduardo Accastello.

Con el recibo 1970, la Caja 49F de Cordubensis (CBI) tiene como titular a Boldú y como autorizado, con firma registrada, a Accastello.

Los dólares se atesoraban en 29 fajos de 10 mil dólares cada uno, con la particularidad de que todos tenían numeración correlativa. La explicación que surge es que los billetes no tuvieron circulación y procedían de una entidad financiera.

La intervención de Senestrari fue en agosto de 2014, el año en que se produjo la debacle de CBI. Pero, a poco de conocer su contenido –y acaso de quiénes eran sus responsables–, el fiscal se sacó el peso de encima y entregó los dólares al Juzgado N° 1, de Ricardo Bustos Fierro.

Hasta que le quitaron la causa, el juez atesoró la moneda extranjera en una caja fuerte de su despacho. El año pasado, el sucesor Miguel Hugo Vaca Narvaja recibió los dólares y los depositó en el Banco Nación.

El movimiento de la causa no registró mayor avance ni trascendencia pública. Sólo se verifica el incidente o “Legajo 51”, en el que el fiscal se ocupa de Boldú y Accastello, quienes no están imputados.

En lo público, el incidente no cobró trascendencia hasta que comenzó a actuar la Justicia provincial, más precisamente el juez Domingo Saúl Silvestre, a cargo de la quiebra de CBI.

Los síndicos de la fallida fueron al depósito de la Aduana Córdoba, en Buenos Aires 150, y pidieron documentación. Uno de ellos, muy insistente, Ricardo Veltruski Heck, consiguió que le proporcionaran unos documentos que curiosamente Senestrari no había digitalizado para el expediente. En esos papeles, halló el contrato de la caja de Boldú y Accastello.

Esto fue el 7 de agosto de 2015. Ese mismo día, una funcionaria de la dependencia nacional se constituyó en el Juzgado de Bustos Fierro para pedir una fotocopia legalizada del contrato para proporcionarle a Veltruski. Al parecer, esa fotocopia iba a tener mayor circulación de la prevista.

El 25 de agosto del año pasado, Bustos Fierro libró oficio al área Jurídica de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para que investigara “profundamente” la situación patrimonial de Accastello y Boldú. El informe llegó al juzgado el 31 de agosto.

Pero la llegada de ese informe indicó que el 7 de agosto –el mismo día que hallaron el contrato– Eduardo Accastello presentó declaración de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales ante la Afip por los ejercicios 2009 a 2014.

O sea, un mes después de las elecciones y el mismo día en que descubrieron el contrato, Accastello recordó cumplir con el fisco por los últimos seis años.

Fuentes judiciales confiaron que, en ese acto, el excandidato incluyó una declaración por 18 mil dólares. Los mismos voceros sugieren que con ese monto pretendió “desinflar” el mínimo requerido para configurar evasión impositiva y estar incurso en un delito de la nueva Ley Penal Tributaria. De este modo, sólo incurriría en una infracción, por la que recibiría nada más que multa de la Afip.

En lo patrimonial, los 18 mil dólares podrían asimilarse a los 20 mil dólares que incluyó en su declaración jurada como candidato a gobernador.

“Nada que ver”

Más allá de estos datos, este diario consultó a las personas a cuyo nombre está la caja de seguridad. Accastello está de vacaciones en el exterior y sus asesores se contactaron con este diario. El abogado Edgard Bernaus, patrocinante en el “Legajo 51”, fue quien respondió a la requisitoria. Lo primero que sostuvo es que no deben dar “ninguna respuesta porque no es titular (de la caja Eduardo) Accastello”.

No obstante, en segunda instancia reconoció que el exintendente de Villa María es “autorizado”, pero que lo hizo por una relación de amistad con Boldú desde que era ministro de Gobierno. El letrado aclaró que su cliente “en ninguna oportunidad” se presentó a retirar dinero a la caja y admitió que sólo fue a CBI a registrar su firma.

Sobre la declaración de impuestos que hizo en agosto último, Bernaus dijo que él la recomendó porque Afip le hizo una verificación electrónica y le requirió información, por lo que le pareció conveniente informar las variaciones patrimoniales.

Sobre los 18 mil dólares declarados, Bernaus sostuvo que los venía incluyendo año a año en sus declaraciones desde que en 2003 fue designado ministro de Gobierno. Ese año declaró 15 mil dólares y el monto llegó a 18 mil en 2008.

Finalmente, para despejar dudas, Bernaus aclaró que los 290 mil de la caja estaban fuera del conocimiento de Accastello y que son de Boldú. Sobre la presentación impositiva, el mismo 7 de agosto de 2015, el abogado señaló que se trata de “una coincidencia absoluta”.

Horas después, el propio Accastello se comunicó con este diario desde el exterior y pidió postergar la publicación de la nota hasta después de su regreso, el martes próximo.

“Teníamos una caja”

Por su parte, el titular de la cuenta, Fernando Boldú, concurrió a nuestra Redacción y algunas de sus definiciones incluyen ciertas diferencias con lo dicho por el abogado de su socio político. “Hemos pedido con el cotitular la restitución de los fondos al juez actuante. Tenemos las justificaciones de los fondos y las declaraciones de Afip”, sostuvo literalmente.

Sobre el origen de los dólares, dijo: “Proceden en su gran mayoría de la sucesión (de mi padre) y de ahorros”. Al consultarle si alguna parte de esos fondos, aunque fuera mínima, pertenecía a Accastello, prefirió no precisarlo.

Para concluir, Boldú subrayó, con estas palabras exactas: “Nosotros teníamos una caja común ahí. Él y yo tenemos declaraciones hechas que superan ese monto”.

Pruebas pendientes

La respuesta de la Afip al oficio de Bustos Fierro, el 31 de agosto, brinda detalles de la investigación a Accastello y Boldú. Sobre el primero, dice que posee Cuit, pero no estaba inscripto en impuesto alguno. También se dice que el 7 de agosto declaró Ganancias y Bienes Personales de 2009 a 2014 y que se incluyen 18 mil dólares. También dice que la investigación responde a la “manda judicial” y no menciona que se haya hecho una verificación anterior.

Por el informe, puede suponerse que si alguien le avisó a Accastello lo que sucedió el 7 de agosto, esa persona omitió hacerlo con Boldú.

Afip señala allí que Boldú adhiere al monotributo. Lo llamativo, dice que “no registra tenencia de moneda extranjera en efectivo desde 2009 a la fecha”. ¿Eran de él los 290 mil dólares u olvidó declararlos?

Para responder a esa pregunta, hay instrumentos para hacerlo y el fiscal Senestrari puede usarlos. Él posee acceso a las computadoras de CBI donde se registran las cámaras de seguridad y puede verse si Accastello fue o no a esa sede.

Además, está el registro antropométrico de rostro y de huellas digitales que se pedía para habilitar el ingreso a la nave donde estaban los cofres.

Esos registros de cámaras y huellas están en la sede de la Aduana Córdoba, el mismo lugar donde se guardaban los papeles que el fiscal no había digitalizado e incluido en el expediente. Transcurrieron dos años y todavía no se usaron.



LA VOZ DEL INTERIOR - EDICIÓN DE HOY

martes, 4 de agosto de 2015

ELECCIONES MUNICIPALES



SE SUPO :

 CASI LA MITAD DE VILLA MARÍA ESTÁ HABITADA POR GILES