miércoles, 16 de noviembre de 2016
DICE EL RECTOR DE LA UNVM QUE "TODO ESTÁ EN ORDEN" (ahora)
Probablemente tenga razón y todos los requerimientos de un fiscal federal y la Auditoria General de la Nación sean parte de una conspiración dirigida contra los inmensos logros de la universidad local en el ámbito académico,científico,artístico y deportivo,etc.
Las legiones de cineastas , músicos,sociólogos,filósofos y veterinarios que han derramado en el orden nacional e internacional son fruto de sus preclaros docentes (intelectuales,sabios, eruditos,personalidades de vasta trayectoria como el abogado Negretti -según su apellido lo indica -)
Son víctimas, al igual que el ex-candidato a gobernador Eduardo Luis Accastello y el actual intendente Martín Gill, cantor de la parroquia.
Pero a quedarse tranquilos que,desde que se les acabó el chorro de guita,y castigaron a la auditora que se cansó de denunciarlos durante más de un lustro,todo está en orden.
Decía ayer que, sólo las denuncias de corrupción y absolutamente nada más, dieron visibilidad provincial y nacional a estos mártires del conocimiento.
Salvo la inteligencia,el talento y el carisma, mal que bien,todo se puede negociar pero, esas son cuestiones de otro orden.
martes, 1 de marzo de 2016
Corrupción universitaria y por casa ¿como andamos?
Corrupción universitaria
La falta de
transparencia en la relación entre el Estado y las universidades nacionales ha
permitido gravísimos abusos en los últimos años
Todo comenzó con el
dictado del decreto de necesidad y urgencia 204/2004, por el cual el entonces
presidente Néstor Kirchner reformó el Reglamento de Contrataciones de la
Administración Nacional con la finalidad de permitir la contratación directa
con las universidades nacionales. Sostuvo que las casas de estudio son entes de
reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas, lo cual hace de
ellas un calificado recurso no sólo para abordar las tareas de asesoramiento
que requieren las jurisdicciones y entidades de la administración nacional,
sino también para las distintas contrataciones que realiza el Estado.
Las universidades
nacionales funcionaron, en muchísimos casos, para canalizar recursos sin ningún
control. El presupuesto destinado a las universidades durante 2015 fue de
47.000 millones de pesos, equivalentes al 1% del producto bruto interno. El
rendimiento de semejante inversión ha dejado mucho que desear. Según las cifras
de 2015, la relación entre estudiantes y egresados es alarmante; en ellas logra
graduarse sólo el 30% de los ingresantes.
En septiembre
último, otro fiscal imputó, entre otros, a Luis Giusti -ex decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y
Administración de la UBA, por sospechar que ellos habrían utilizado sus cargos
para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas hacia
proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente
vinculados.
Si bien son denuncias en curso de investigación, los hechos analizados por la Justicia responden al patrón de la discrecionalidad en las adjudicaciones. El mecanismo habría consistido en la triangulación de compras por intermedio de las universidades para evitar controles presupuestarios y legales.
Son muchas las
denuncias sobre sospechosas triangulaciones que han unido al Ministerio de
Planificación, que estaba a cargo de Julio De Vido, con universidades
nacionales como las de La Matanza y de San Martín, con el fin de realizar
distintos trabajos para los cuales las casas de estudios terminaban
subcontratando empresas amigas de funcionarios gubernamentales por cifras
millonarias.
El ministro de
Modernización, Andrés Ibarra, impulsó que el presidente Macri dictara el
decreto 336/2016, por el cual se dejan sin efecto, a partir del 1° de abril,
los convenios celebrados entre la administración pública nacional y las
universidades nacionales cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada
hasta el día de hoy y se crea un registro de convenios del Estado nacional con
las universidades y otras entidades educativas, que es de esperar que permita
un fácil acceso a la información.
En el último
informe elaborado por Transparencia Internacional, la Argentina ocupó la poco
honorable posición 107 sobre 167 países. No puede sorprender que las naciones
mejor ubicadas en ese informe cuenten con sistemas universitarios de mayor
prestigio que el nuestro. Educación, salud y justicia son bienes públicos que
fundamentalmente dependen de una honesta administración.
Recientemente,
Gabriela González, investigadora formada en la Universidad de Córdoba y actualmente
profesora en la Universidad del Estado de Luisiana, sorprendió al mundo al
anunciar el resultado del proyecto LIGO, que detectó las ondas gravitacionales.
La noticia contrasta con las malas prácticas en el manejo de fondos públicos en
nuestras casas de altos estudios.
Su participación
habla del gran potencial de nuestros universitarios. Resta administrar las
universidades nacionales siguiendo los objetivos públicos a los que están
destinadas, en forma sensata y decente.
domingo, 28 de febrero de 2016
el ex intendente y la caja negra
Por fin, Eduardo Luis Accastello (ex-intendente y nada más) de Villa María, ha logrado aparecer un par de veces por semana, en los medios provinciales.
hoy.la voz del interior.página 15. sección A.
viernes, 26 de febrero de 2016
OTRA CAJA DE EDUARDO LUIS
LE ENCONTRARON OTRA CAJA DE USURA A EDUARDO LUIS ACCASTELLO EX INTENDENTE DE VILLA MARÍA (Y NADA MÁS )Y A SU PAREJA VERÓNICA FÁTIMA
Conferir edición de hoy La Voz del Interior ,sección A ( contratapa)
domingo, 21 de febrero de 2016
LLAMÁ A VERÓNICA
Parece que, hay que llamar a Verónica, por cualquier cuestión patrimonial de Eduardo Luis Accastello ex intendente (y nada más) de Villa María.
Conferir edición de hoy La Voz del Interior ,sección A (tapa y contratapa)
domingo, 14 de febrero de 2016
OTRO MISTERIO DE ACCASTELLO
El misterio de
una caja con
U$S 290 mil
Aún no se aclaró
el origen del dinero depositado en un cofre de CBI. Fernando Boldú era titular
y Eduardo Accastello, autorizado.
Por Francisco Panero
Una caja de
seguridad en cuyo interior fueron hallados 290 mil dólares es uno de los
“saldos” que la megacausa Cordubensis (CBI) tiene reservados entre sus
capítulos más resonantes.
Tras la
intervención del cofre por parte del fiscal federal Enrique Senestrari, se
determinó que el depósito era compartido por el exintendente de Laguna Larga
Fernando Boldú y el reciente candidato a gobernador (Córdoba Podemos) Eduardo
Accastello.
Con el
recibo 1970, la Caja 49F de Cordubensis (CBI) tiene como titular a Boldú y como
autorizado, con firma registrada, a Accastello.
Los dólares
se atesoraban en 29 fajos de 10 mil dólares cada uno, con la particularidad de
que todos tenían numeración correlativa. La explicación que surge es que los
billetes no tuvieron circulación y procedían de una entidad financiera.
La
intervención de Senestrari fue en agosto de 2014, el año en que se produjo la
debacle de CBI. Pero, a poco de conocer su contenido –y acaso de quiénes eran
sus responsables–, el fiscal se sacó el peso de encima y entregó los dólares al
Juzgado N° 1, de Ricardo Bustos Fierro.
Hasta que le
quitaron la causa, el juez atesoró la moneda extranjera en una caja fuerte de
su despacho. El año pasado, el sucesor Miguel Hugo Vaca Narvaja recibió los
dólares y los depositó en el Banco Nación.
El
movimiento de la causa no registró mayor avance ni trascendencia pública. Sólo
se verifica el incidente o “Legajo 51”, en el que el fiscal se ocupa de Boldú y
Accastello, quienes no están imputados.
En lo
público, el incidente no cobró trascendencia hasta que comenzó a actuar la
Justicia provincial, más precisamente el juez Domingo Saúl Silvestre, a cargo
de la quiebra de CBI.
Los síndicos
de la fallida fueron al depósito de la Aduana Córdoba, en Buenos Aires 150, y
pidieron documentación. Uno de ellos, muy insistente, Ricardo Veltruski Heck,
consiguió que le proporcionaran unos documentos que curiosamente Senestrari no
había digitalizado para el expediente. En esos papeles, halló el contrato de la
caja de Boldú y Accastello.
Esto fue el
7 de agosto de 2015. Ese mismo día, una funcionaria de la dependencia nacional
se constituyó en el Juzgado de Bustos Fierro para pedir una fotocopia
legalizada del contrato para proporcionarle a Veltruski. Al parecer, esa
fotocopia iba a tener mayor circulación de la prevista.
El 25 de
agosto del año pasado, Bustos Fierro libró oficio al área Jurídica de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para que investigara
“profundamente” la situación patrimonial de Accastello y Boldú. El informe
llegó al juzgado el 31 de agosto.
Pero la
llegada de ese informe indicó que el 7 de agosto –el mismo día que hallaron el
contrato– Eduardo Accastello presentó declaración de los impuestos a las
Ganancias y sobre los Bienes Personales ante la Afip por los ejercicios 2009 a
2014.
O sea, un
mes después de las elecciones y el mismo día en que descubrieron el contrato,
Accastello recordó cumplir con el fisco por los últimos seis años.
Fuentes
judiciales confiaron que, en ese acto, el excandidato incluyó una declaración
por 18 mil dólares. Los mismos voceros sugieren que con ese monto pretendió
“desinflar” el mínimo requerido para configurar evasión impositiva y estar
incurso en un delito de la nueva Ley Penal Tributaria. De este modo, sólo
incurriría en una infracción, por la que recibiría nada más que multa de la
Afip.
En lo
patrimonial, los 18 mil dólares podrían asimilarse a los 20 mil dólares que
incluyó en su declaración jurada como candidato a gobernador.
“Nada que ver”
Más allá de
estos datos, este diario consultó a las personas a cuyo nombre está la caja de
seguridad. Accastello está de vacaciones en el exterior y sus asesores se
contactaron con este diario. El abogado Edgard Bernaus, patrocinante en el
“Legajo 51”, fue quien respondió a la requisitoria. Lo primero que sostuvo es
que no deben dar “ninguna respuesta porque no es titular (de la caja Eduardo)
Accastello”.
No obstante,
en segunda instancia reconoció que el exintendente de Villa María es
“autorizado”, pero que lo hizo por una relación de amistad con Boldú desde que
era ministro de Gobierno. El letrado aclaró que su cliente “en ninguna
oportunidad” se presentó a retirar dinero a la caja y admitió que sólo fue a
CBI a registrar su firma.
Sobre la
declaración de impuestos que hizo en agosto último, Bernaus dijo que él la
recomendó porque Afip le hizo una verificación electrónica y le requirió
información, por lo que le pareció conveniente informar las variaciones
patrimoniales.
Sobre los 18
mil dólares declarados, Bernaus sostuvo que los venía incluyendo año a año en
sus declaraciones desde que en 2003 fue designado ministro de Gobierno. Ese año
declaró 15 mil dólares y el monto llegó a 18 mil en 2008.
Finalmente,
para despejar dudas, Bernaus aclaró que los 290 mil de la caja estaban fuera
del conocimiento de Accastello y que son de Boldú. Sobre la presentación
impositiva, el mismo 7 de agosto de 2015, el abogado señaló que se trata de
“una coincidencia absoluta”.
Horas
después, el propio Accastello se comunicó con este diario desde el exterior y
pidió postergar la publicación de la nota hasta después de su regreso, el
martes próximo.
“Teníamos una caja”
Por su
parte, el titular de la cuenta, Fernando Boldú, concurrió a nuestra Redacción y
algunas de sus definiciones incluyen ciertas diferencias con lo dicho por el
abogado de su socio político. “Hemos pedido con el cotitular la restitución de
los fondos al juez actuante. Tenemos las justificaciones de los fondos y las
declaraciones de Afip”, sostuvo literalmente.
Sobre el
origen de los dólares, dijo: “Proceden en su gran mayoría de la sucesión (de mi
padre) y de ahorros”. Al consultarle si alguna parte de esos fondos, aunque
fuera mínima, pertenecía a Accastello, prefirió no precisarlo.
Para
concluir, Boldú subrayó, con estas palabras exactas: “Nosotros teníamos una
caja común ahí. Él y yo tenemos declaraciones hechas que superan ese monto”.
Pruebas pendientes
La respuesta
de la Afip al oficio de Bustos Fierro, el 31 de agosto, brinda detalles de la
investigación a Accastello y Boldú. Sobre el primero, dice que posee Cuit, pero
no estaba inscripto en impuesto alguno. También se dice que el 7 de agosto
declaró Ganancias y Bienes Personales de 2009 a 2014 y que se incluyen 18 mil
dólares. También dice que la investigación responde a la “manda judicial” y no
menciona que se haya hecho una verificación anterior.
Por el
informe, puede suponerse que si alguien le avisó a Accastello lo que sucedió el
7 de agosto, esa persona omitió hacerlo con Boldú.
Afip señala
allí que Boldú adhiere al monotributo. Lo llamativo, dice que “no registra
tenencia de moneda extranjera en efectivo desde 2009 a la fecha”. ¿Eran de él
los 290 mil dólares u olvidó declararlos?
Para
responder a esa pregunta, hay instrumentos para hacerlo y el fiscal Senestrari
puede usarlos. Él posee acceso a las computadoras de CBI donde se registran las
cámaras de seguridad y puede verse si Accastello fue o no a esa sede.
Además, está
el registro antropométrico de rostro y de huellas digitales que se pedía para
habilitar el ingreso a la nave donde estaban los cofres.
Esos
registros de cámaras y huellas están en la sede de la Aduana Córdoba, el mismo
lugar donde se guardaban los papeles que el fiscal no había digitalizado e
incluido en el expediente. Transcurrieron dos años y todavía no se usaron.
LA VOZ DEL INTERIOR - EDICIÓN DE HOY
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