Corrupción universitaria
La falta de
transparencia en la relación entre el Estado y las universidades nacionales ha
permitido gravísimos abusos en los últimos años
Entre las muchas irregularidades que caracterizaron a la gestión
kirchnerista, es necesario investigar debidamente las vinculadas con la
presuntos hechos de corrupción en la administración de fondos públicos
derivados a universidades nacionales.
Todo comenzó con el
dictado del decreto de necesidad y urgencia 204/2004, por el cual el entonces
presidente Néstor Kirchner reformó el Reglamento de Contrataciones de la
Administración Nacional con la finalidad de permitir la contratación directa
con las universidades nacionales. Sostuvo que las casas de estudio son entes de
reconocido prestigio profesional en cada una de sus áreas, lo cual hace de
ellas un calificado recurso no sólo para abordar las tareas de asesoramiento
que requieren las jurisdicciones y entidades de la administración nacional,
sino también para las distintas contrataciones que realiza el Estado.
El argumento sonaba convincente, en aquel momento. El problema no
radicaba en la razonabilidad de la justificación, sino en las modalidades que
se utilizaron para alterarlo. La discusión fue y es sobre las finalidades
impropias con las cuales se empleó el mecanismo de contratación directa.
Las universidades
nacionales funcionaron, en muchísimos casos, para canalizar recursos sin ningún
control. El presupuesto destinado a las universidades durante 2015 fue de
47.000 millones de pesos, equivalentes al 1% del producto bruto interno. El
rendimiento de semejante inversión ha dejado mucho que desear. Según las cifras
de 2015, la relación entre estudiantes y egresados es alarmante; en ellas logra
graduarse sólo el 30% de los ingresantes.
La situación de descontrol de los últimos años trepó a niveles
inusitados. A mediados del año pasado, el titular de la Fiscalía Federal N° 5
de la Capital Federal, Leonel Gómez Barbella, impulsó la investigación sobre
funcionarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El foco de la denuncia fue el destino dado a unos 140 millones de pesos
provenientes de los contratos de asistencia y capacitación que brinda la
facultad al subcontratar a los prestadores a través de diferentes personas
vinculadas a las unidades de coordinación creadas para cada convenio en
particular.
En septiembre
último, otro fiscal imputó, entre otros, a Luis Giusti -ex decano de la Facultad
de Ciencias Económicas y Emiliano Yacobitti, secretario de Hacienda y
Administración de la UBA, por sospechar que ellos habrían utilizado sus cargos
para desviar millonarias contrataciones del Hospital de Clínicas hacia
proveedoras de insumos y medicamentos con las cuales estaban directamente
vinculados.
Si bien son
denuncias en curso de investigación, los hechos analizados por la Justicia
responden al patrón de la discrecionalidad en las adjudicaciones. El mecanismo
habría consistido en la triangulación de compras por intermedio de las
universidades para evitar controles presupuestarios y legales.
Son muchas las
denuncias sobre sospechosas triangulaciones que han unido al Ministerio de
Planificación, que estaba a cargo de Julio De Vido, con universidades
nacionales como las de La Matanza y de San Martín, con el fin de realizar
distintos trabajos para los cuales las casas de estudios terminaban
subcontratando empresas amigas de funcionarios gubernamentales por cifras
millonarias.
El ministro de
Modernización, Andrés Ibarra, impulsó que el presidente Macri dictara el
decreto 336/2016, por el cual se dejan sin efecto, a partir del 1° de abril,
los convenios celebrados entre la administración pública nacional y las
universidades nacionales cuya continuidad no haya sido expresamente solicitada
hasta el día de hoy y se crea un registro de convenios del Estado nacional con
las universidades y otras entidades educativas, que es de esperar que permita
un fácil acceso a la información.
En el último
informe elaborado por Transparencia Internacional, la Argentina ocupó la poco
honorable posición 107 sobre 167 países. No puede sorprender que las naciones
mejor ubicadas en ese informe cuenten con sistemas universitarios de mayor
prestigio que el nuestro. Educación, salud y justicia son bienes públicos que
fundamentalmente dependen de una honesta administración.
Recientemente,
Gabriela González, investigadora formada en la Universidad de Córdoba y actualmente
profesora en la Universidad del Estado de Luisiana, sorprendió al mundo al
anunciar el resultado del proyecto LIGO, que detectó las ondas gravitacionales.
La noticia contrasta con las malas prácticas en el manejo de fondos públicos en
nuestras casas de altos estudios.
Su participación
habla del gran potencial de nuestros universitarios. Resta administrar las
universidades nacionales siguiendo los objetivos públicos a los que están
destinadas, en forma sensata y decente.
