domingo, 28 de febrero de 2016

el ex intendente y la caja negra



Por fin, Eduardo  Luis Accastello (ex-intendente y nada más) de Villa María, ha logrado aparecer un par de veces por semana, en los medios provinciales.


hoy.la voz del interior.página 15. sección A.

viernes, 26 de febrero de 2016

OTRA CAJA DE EDUARDO LUIS




LE ENCONTRARON OTRA CAJA DE USURA A EDUARDO LUIS ACCASTELLO EX INTENDENTE DE VILLA MARÍA (Y NADA MÁS )Y A SU PAREJA VERÓNICA FÁTIMA



Conferir edición de hoy La Voz del Interior ,sección A ( contratapa)

domingo, 21 de febrero de 2016

LLAMÁ A VERÓNICA



Parece que, hay que llamar a Verónica, por cualquier cuestión patrimonial de Eduardo Luis Accastello ex intendente (y nada más)  de Villa María.


Conferir edición de hoy La Voz del Interior ,sección A (tapa y contratapa)

domingo, 14 de febrero de 2016

OTRO MISTERIO DE ACCASTELLO


El misterio de 

una caja con 

U$S 290 mil


Aún no se aclaró el origen del dinero depositado en un cofre de CBI. Fernando Boldú era titular y Eduardo Accastello, autorizado.



Por Francisco Panero

Una caja de seguridad en cuyo interior fueron hallados 290 mil dólares es uno de los “saldos” que la megacausa Cordubensis (CBI) tiene reservados entre sus capítulos más resonantes.

Tras la intervención del cofre por parte del fiscal federal Enrique Senestrari, se determinó que el depósito era compartido por el exintendente de Laguna Larga Fernando Boldú y el reciente candidato a gobernador (Córdoba Podemos) Eduardo Accastello.

Con el recibo 1970, la Caja 49F de Cordubensis (CBI) tiene como titular a Boldú y como autorizado, con firma registrada, a Accastello.

Los dólares se atesoraban en 29 fajos de 10 mil dólares cada uno, con la particularidad de que todos tenían numeración correlativa. La explicación que surge es que los billetes no tuvieron circulación y procedían de una entidad financiera.

La intervención de Senestrari fue en agosto de 2014, el año en que se produjo la debacle de CBI. Pero, a poco de conocer su contenido –y acaso de quiénes eran sus responsables–, el fiscal se sacó el peso de encima y entregó los dólares al Juzgado N° 1, de Ricardo Bustos Fierro.

Hasta que le quitaron la causa, el juez atesoró la moneda extranjera en una caja fuerte de su despacho. El año pasado, el sucesor Miguel Hugo Vaca Narvaja recibió los dólares y los depositó en el Banco Nación.

El movimiento de la causa no registró mayor avance ni trascendencia pública. Sólo se verifica el incidente o “Legajo 51”, en el que el fiscal se ocupa de Boldú y Accastello, quienes no están imputados.

En lo público, el incidente no cobró trascendencia hasta que comenzó a actuar la Justicia provincial, más precisamente el juez Domingo Saúl Silvestre, a cargo de la quiebra de CBI.

Los síndicos de la fallida fueron al depósito de la Aduana Córdoba, en Buenos Aires 150, y pidieron documentación. Uno de ellos, muy insistente, Ricardo Veltruski Heck, consiguió que le proporcionaran unos documentos que curiosamente Senestrari no había digitalizado para el expediente. En esos papeles, halló el contrato de la caja de Boldú y Accastello.

Esto fue el 7 de agosto de 2015. Ese mismo día, una funcionaria de la dependencia nacional se constituyó en el Juzgado de Bustos Fierro para pedir una fotocopia legalizada del contrato para proporcionarle a Veltruski. Al parecer, esa fotocopia iba a tener mayor circulación de la prevista.

El 25 de agosto del año pasado, Bustos Fierro libró oficio al área Jurídica de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para que investigara “profundamente” la situación patrimonial de Accastello y Boldú. El informe llegó al juzgado el 31 de agosto.

Pero la llegada de ese informe indicó que el 7 de agosto –el mismo día que hallaron el contrato– Eduardo Accastello presentó declaración de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales ante la Afip por los ejercicios 2009 a 2014.

O sea, un mes después de las elecciones y el mismo día en que descubrieron el contrato, Accastello recordó cumplir con el fisco por los últimos seis años.

Fuentes judiciales confiaron que, en ese acto, el excandidato incluyó una declaración por 18 mil dólares. Los mismos voceros sugieren que con ese monto pretendió “desinflar” el mínimo requerido para configurar evasión impositiva y estar incurso en un delito de la nueva Ley Penal Tributaria. De este modo, sólo incurriría en una infracción, por la que recibiría nada más que multa de la Afip.

En lo patrimonial, los 18 mil dólares podrían asimilarse a los 20 mil dólares que incluyó en su declaración jurada como candidato a gobernador.

“Nada que ver”

Más allá de estos datos, este diario consultó a las personas a cuyo nombre está la caja de seguridad. Accastello está de vacaciones en el exterior y sus asesores se contactaron con este diario. El abogado Edgard Bernaus, patrocinante en el “Legajo 51”, fue quien respondió a la requisitoria. Lo primero que sostuvo es que no deben dar “ninguna respuesta porque no es titular (de la caja Eduardo) Accastello”.

No obstante, en segunda instancia reconoció que el exintendente de Villa María es “autorizado”, pero que lo hizo por una relación de amistad con Boldú desde que era ministro de Gobierno. El letrado aclaró que su cliente “en ninguna oportunidad” se presentó a retirar dinero a la caja y admitió que sólo fue a CBI a registrar su firma.

Sobre la declaración de impuestos que hizo en agosto último, Bernaus dijo que él la recomendó porque Afip le hizo una verificación electrónica y le requirió información, por lo que le pareció conveniente informar las variaciones patrimoniales.

Sobre los 18 mil dólares declarados, Bernaus sostuvo que los venía incluyendo año a año en sus declaraciones desde que en 2003 fue designado ministro de Gobierno. Ese año declaró 15 mil dólares y el monto llegó a 18 mil en 2008.

Finalmente, para despejar dudas, Bernaus aclaró que los 290 mil de la caja estaban fuera del conocimiento de Accastello y que son de Boldú. Sobre la presentación impositiva, el mismo 7 de agosto de 2015, el abogado señaló que se trata de “una coincidencia absoluta”.

Horas después, el propio Accastello se comunicó con este diario desde el exterior y pidió postergar la publicación de la nota hasta después de su regreso, el martes próximo.

“Teníamos una caja”

Por su parte, el titular de la cuenta, Fernando Boldú, concurrió a nuestra Redacción y algunas de sus definiciones incluyen ciertas diferencias con lo dicho por el abogado de su socio político. “Hemos pedido con el cotitular la restitución de los fondos al juez actuante. Tenemos las justificaciones de los fondos y las declaraciones de Afip”, sostuvo literalmente.

Sobre el origen de los dólares, dijo: “Proceden en su gran mayoría de la sucesión (de mi padre) y de ahorros”. Al consultarle si alguna parte de esos fondos, aunque fuera mínima, pertenecía a Accastello, prefirió no precisarlo.

Para concluir, Boldú subrayó, con estas palabras exactas: “Nosotros teníamos una caja común ahí. Él y yo tenemos declaraciones hechas que superan ese monto”.

Pruebas pendientes

La respuesta de la Afip al oficio de Bustos Fierro, el 31 de agosto, brinda detalles de la investigación a Accastello y Boldú. Sobre el primero, dice que posee Cuit, pero no estaba inscripto en impuesto alguno. También se dice que el 7 de agosto declaró Ganancias y Bienes Personales de 2009 a 2014 y que se incluyen 18 mil dólares. También dice que la investigación responde a la “manda judicial” y no menciona que se haya hecho una verificación anterior.

Por el informe, puede suponerse que si alguien le avisó a Accastello lo que sucedió el 7 de agosto, esa persona omitió hacerlo con Boldú.

Afip señala allí que Boldú adhiere al monotributo. Lo llamativo, dice que “no registra tenencia de moneda extranjera en efectivo desde 2009 a la fecha”. ¿Eran de él los 290 mil dólares u olvidó declararlos?

Para responder a esa pregunta, hay instrumentos para hacerlo y el fiscal Senestrari puede usarlos. Él posee acceso a las computadoras de CBI donde se registran las cámaras de seguridad y puede verse si Accastello fue o no a esa sede.

Además, está el registro antropométrico de rostro y de huellas digitales que se pedía para habilitar el ingreso a la nave donde estaban los cofres.

Esos registros de cámaras y huellas están en la sede de la Aduana Córdoba, el mismo lugar donde se guardaban los papeles que el fiscal no había digitalizado e incluido en el expediente. Transcurrieron dos años y todavía no se usaron.



LA VOZ DEL INTERIOR - EDICIÓN DE HOY